Condena en costas al beneficiario de justicia gratuita

Cuando haya condena en costas al beneficiario de justicia gratuita, no se le podrán cobrar, salvo que en los tres años siguiente vienere a mejor fortuna.

Vamos a ver lo que ocurre en el supuesto de que haya una condena en costas al beneficiario de justicia gratuita, en concreto, si tiene obligación de pagarlas, y qué pasa si dicha persona mejora su fortuna.

Todas estas materias están recogidas en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de justicia gratuita. En esta ley se establece que aquella persona a la que se le ha concedido el beneficio de justicia gratuita, tiene derecho a que se le nombre un abogado y un procurador de oficio que le defiende en un procedimiento judicial (ya sea para demandar o bien porque haya sido demandado).

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

En los procedimientos judiciales, los Jueces, además de resolver las peticiones y conflictos que le plantean las partes contendientes, se pronuncian sobre el pago de las costas procesales, es decir, quien de los litigantes tiene que abonar todos los gastos habidos en el proceso (pago de honorarios de abogados, procuradores, peritos, certificaciones, etc.). Lo normal, aunque el Juez tiene potestad para lo contrario, es que quien pierde un pleito, se le condene al pago de las costas procesales (artículo 394 Ley de Enjuiciamiento Civil).

Llegados a este punto, vamos a ir viendo las sguientes cuestiones:

1.-  ¿ Puede haber condena en costas al beneficiario de jusiticia gratuita ?

La respuesta es que SÍ.  El hecho de tener concedida la justicia gratuita no impide la condena al pago de las costas procesales. El beneficiario actúa como cualquier otra persona en el proceso. (Ver ingresos justicia gratuita 2015).

2.- ¿ A pesar de ser condenado en costas, tiene la obligación de pagarlas ?

          a)  Si el beneficiario de justicia gratuita ha sido condenado en costas, la parte beneficiaria (aquel que ha ganado el pleito) puede solicitar del Juzgado que se tasen las costas, es decir, que se determine el importe de los gastos procesales que haya tenido el vencedor del pleito ( honorarios de abogado, procurador, peritos, etc.).Condena en costas al beneficiario de justicia gratuita

          b) Una vez tasadas las costas, el beneficiario de justicia gratuita, NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE ABONARLAS, salvo que VENGA A MEJOR FORTUNA en el plazo de TRES AÑOS. El artículo 36 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, dispone que el beneficiario de justicia gratuita que fuera condenado en costas: “…quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil”.

          c) Por tanto, si hubiera condena en costas al beneficiario de justicia gratuita, no tendrá obligación de pagar las propias (a su abogado de oficio, su procurador, etc.) ni las contrarias (abogado de la otra parte, procurador, etc.),  SALVO QUE VIENERA A MEJOR FORTUNA en el plazo de los TRES AÑOS siguientes a la terminación del proceso.

3.-  ¿Quién resuelve si el beneficiario de justicia gratuita ha venido a mejor fortuna?

Los Juzgados no terminan de ponerse de acuerdo en este punto.

          a)  Una corriente sostiene que la Comisión de asistencia jurídica gratuita, que fue la que concedió dichos derechos, será la encargada de revisar si en ese plazo de  3 años el beneficiario ha mejorado su situación económica, y en ese caso, determinaría la revocación del beneficio de justicia gratuita, con la consiguiente obligación del ex-beneficiario de abonar las costas (propias y contrarias). Esto plantea en la práctica una serie de problemas, ya que las Comisiones de justicia gratuita no actualizan de oficio los expedientes de los beneficiarios, por lo que transcurre el plazo de 3 años sin que nadie sepa si el beneficiario ha venido o no a mejor fortuna, dando lugar a que dichas personas no paguen las costas a las que fueron condenados.

          b) Otra corriente mantiene que es el órgano judicial que tramitó el proceso, el que debe conocer de la posible revocación del beneficio de justicia gratuita. Para ello, entienden que se habrá de aperturar un incidente a instancias de la parte que solicita la revocación del derecho, dándole traslado al beneficiario, con proposición de prueba y los consiguientes recursos.  Esta línea es seguida entre otros por:

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 18ª) en Auto de 11 abril de 2005: ” Ahora bien, la cuestión esencial en este estado procesal es la determinación del cauce procesal para ello y del órgano que ha de conocer la cesación de tal beneficio. Esta Sala entiende que es el órgano judicial que conoce de los autos donde fue ejercitada la pretensión principal, el que debe conocer de la posible revocación o, en su caso, dejación sin efecto del beneficio conforme al art. 36, Ley 1/96, valorando en su caso el alegato que a tal fin se le efectúa, y desde luego sometiéndole a contradicción.”

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) en Auto de 22 diciembre de 2010: ” la cuestión litigiosa se centra así pues en determinar qué cauce procesal debe seguir quien es titular de un crédito derivado de una condena en costas frente a un obligado que cuenta con el derecho a la justicia gratuita a fin de neutralizar este último derecho en atención a una mejora de la fortuna del obligado. La Ley reguladora de la asistencia jurídica gratuita no atiende esa hipótesis, pero sí un supuesto análogo que guarda concomitancias con el caso presente. Aquel supuesto no es otro que la impugnación -por parte de cualquier titular de un derecho o un interés legítimo- ante la autoridad judicial que conoce del proceso de las resoluciones que pronuncia la Comisión de asistencia jurídica gratuita reconociendo o denegando ese beneficio (art. 20 LAJG). Pues bien, nada mejor para conciliar los intereses del acreedor que quiere demostrar la revocabilidad ex art. 36.2 del reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente y el interés del deudor por el mantenimiento de ese derecho que dilucidar incidental y contradictoriamente ese conflicto ante el órgano jurisdiccional que habrá de conocer en su caso del apremio ejecutivo subsiguiente.”

          c)  Vistas las dos corrientes, considero que en ambos casos  existe una gran DIFICULTAD para que el acreedor cobre las costas (en el plazo de 3 años) a las que tiene derecho, puesto que se va a encontrar con una falta de prueba a la hora de acreditar la mejora de la situación económica de aquél, en la mayoria de los casos, porque no sabrá nada de éste ni de variación económica. Creo que se podría intentar antes de que transcurra ese plazo, acudir a la Comisión de Justicia Gratuita que concedió el beneficio y acreditando el importe de la condena en costas, que ésta averigüe de oficio la situación actual del condenado (acceso a la vida laboral, etc.). En definitiva, sería lógico que la Administración, que fue la que determinó la concesión de la justicia gratuita, fuese la encargada de averiguar si el beneficiario ha mejorado su fortuna, aunque el tema vuelvo a repetir, sigue sin estar claro.

OBSERVACIÓN:

La Ley de Justicia Gratuita ha sido modificada (en vigor a partir del 7 octubre 2015), disponiendo en el art. 36.2 que será la Comisión de Justicia Gratuita la competente para resolver si el beneficiario ha venido a mejor fortuna. PINCHA AQUÍ PARA VER ESTOS CAMBIOS.

4.- En cuanto a la ejecución de las costas al beneficiario de justicia gratuita:

En este apartado os dejamos otro de nuestros artículos sobre esta cuestión, PINCHANDO AQUÍ.

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3 Responses to Condena en costas al beneficiario de justicia gratuita

  1. julio hurtado en 17 de Marzo, 2015 de 11:21

    En el caso, de que el condenado a costas, no pueda pagarlas, quien corre a cargo con las costas del que gana el litigio?

    • Francisco Sevilla Cáceres en 18 de Marzo, 2015 de 8:15

      Hola Julio Hurtado:
      1.- Hay que partir del hecho de que cada cliente debe abonar los honorarios de su abogado y procurador, gane o pierda el pleito, puesto que los ha contratado.
      2.- Si una persona gana un pleito, y además le imponen las costas al contrario, podrá intentar ejecutárselas a los efectos de buscar bienes donde poder cobrarle los gastos que el vencedor haya tenido que pagar a su abogado y procurador.
      3.- Si al final no pudiera cobrárselas, porque sea insolvente el contrario, no podrá cobrar ese crédito que tenía, salvo que viniere a mejor fortuna.
      Un saludo y gracias por seguirnos.

  2. Mª del Carmen Maldonado López en 17 de Febrero, 2017 de 11:55

    Y en este caso mio, dice que no es el 36 nº 1 ni el 36, 2 sino el 3.?
    Pero tampoco se ha ejecutado la sentencia, del año 2012 y tampoco es BENEFICIO ni INDEMNIZACIÓN, he leido en todos los articulos, si se ha ganado un juicio por accidentes, y hay una cantidad de dinero en la sentencia.

    Pero mi sentencia es un dinero que di de entrada de una vivienda bueno solicité en la demanda la mitad 14.000€ año 2012, NO SE HA EJECUTADO y la abogada al mes me pasó una minuta de 5,300.65€ como no se la pagué (justicia gratuita) en el año 2015 hizo JURA DE CUENTAS, el juzgado…iniciado el trámite….bueno FRANCISCO CÁCERES aún sigue el dilema. Saludos.

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