Imposición de costas en el allanamiento

No procederá la imposición de costas en el allanamiento efectuado por el demandado antes de contestar la demanda, salvo que el Tribunal aprecie mala fe.

Vamos a ver algunas cuestiones prácticas sobre la imposición de costas en el allanamiento.

Como siempre, hemos de recordar algunas nociones previas antes de entrar en estre asunto.

Según la doctrina, el ALLANAMIENTO es, “una declaración de voluntad unilateral del demandado por la que acepta que el actor tiene derecho a la tutela jurisdiccional que solicitó en la demanda“.

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

Según la interpretación que hacen nuestros Tribunales de la institución del allanamiento, esta sería básicamente una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar o en otro momento, siendo el efecto principal de tal manifestación el de poner término al proceso mediante una resolución judicial que tenga como base tal allanamiento.

EJEMPLO Un señor interpone un procedimiento judicial contra otro reclamando una deuda. Cuando le llega la demanda, el demandado reconoce ante el Juez que adeuda la cantidad reclamada.

Las COSTAS procesales son los gastos derivados del procedimiento (abogados, procuradores, peritos, certificaciones, etc.)

En el supuesto de que el demandado se allane a la demanda, y como quiera que se pone fin al procedimiento judicial, surge la pregunta de si el Juez ha de imponer las costas del proceso al demandado allanado, que es la cuestión central de este artículo.

Para ver lo que la Ley establecese sobre la imposición de costas en el allanamiento, hemos de acudir al artículo 395 Ley Enjuiciamiento Civil que establece reglas especiales a propósito de las costas en estos casos:Imposición de costas en el allanamiento

1ª.-   Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación.

2ª.-   Si el allanamiento se produjere tras la contestación a la demanda, se aplicará el apartado 1 del artículo anterior, esto es: En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

Por tanto, las reglas sobre imposición de costas en el allanamiento distinguen el MOMENTO en el que el demandado se allane:

A)  Si el allanamiento se produce ANTES DE CONTESTAR LA DEMANDA:

La regla general es que no procederá la condena en costas. La finalidad no es otra que compensar a aquellos demandados que con su actuación reconocedora de la pretensión del demandante, evitan la prosecución del litigio, no solo produciendo beneficios al actor que ve satisfecha su petición al inicio del proceso, sin oposición alguna, sino también incluso para la misma Administración de Justicia y los intereses que como servicio público ostenta, para la rápida resolución del pleito.

La excepción, en cambio, es que se impongan las costas en aquellos supuestos en que el Juez, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado, presumiéndose la existencia de ésta en el caso de previo requerimiento fehaciente y justificado o demanda de conciliación.

Ejemplo: Requerimiento previo a la acción de division de cosa común.

B)  Si el allanamiento se produce DESPUÉS DE CONTESTAR LA DEMANDA:

En estos casos se aplica el artículo 394.1 LEC, y por tanto la imposición de las costas se le impondrán al demandado, que ha reconocido tardíamente la razón que amparaba al demandante que ve reconocidas todas sus pretensiones.

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