Aumento de los retrasos judiciales

Aumento de los retrasos judiciales

La Defensora del Pueblo constata el aumento de los retrasos judiciales, sobre todo en casos sociales y mercantiles por la crisis.

La Defensora del Pueblo ha criticado duramente en su informe anual, presentado recientemente, el aumento de los retrasos judiciales, que especialmente, se dan en Madrid y que suponen, a su juicio, un claro empobrecimiento democrático indudable.

Especialmente llamativos son los retrasos judiciales en materia social y mercantil, los cuáles han experimentado, todo hay que decirle, un enorme incremento del volumen de trabajo, como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa España, lo cual ha tenido como consecuencia el aumento de los conflictos laborales, así como los concursos de acreedores de entidades que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas.

Asimismo, los casos de insolvencia empresarial tampoco han dejado de crecer en el año 2012, y por ello, los Juzgados de lo Mercantil han experimentado un preocupante incremento de su carga de trabajo, lo cual se ha traducido en un aumento de las quejas por retrasos judiciales indebidos en los órganos de esta jurisdicción, según recoge el informe.

Una forma de resolver esto sería potenciar la solución extrajudicial de los conflictos mercantiles, o bien la implantación de la mediación intrajudicial, promovida por el propio órgano judicial, con la colaboración de las Cámara de Comercio, así, según la Defensora del Pueblo, se podrían resolver conflictos de forma más práctica, rápida, económica y satisfactoria para las partes y aligerar de paso la situación de pendencia que sufre la jurisdicción mercantil.

Otro punto que ha sorprendido sobremanera a la Defensora del Pueblo, es el hecho de que una Administración demandada pueda tardar años en tramitar la remisión del expediente administrativo al órgano judicial competente para que éste pueda empezar a valorar el caso planteado; hay incluso supuestos en los que la propia Administración retrasa a propósito la ejecución de resoluciones judiciales contrarias a sus intereses.

Aparte de esto, ha constatado que la Administración frecuentemente, se excede en el uso de su privilegio de ejecutar las resoluciones, con excepción de que el tribunal ordene la suspensión (cosa que suele ser muy poco frecuente), confiando en que el órgano judicial competente tardará años en pronunciarse. Esta actuación no se corresponde con los más elementales principios de nuestro Estado Social y democrático de Derecho.

Finalmente, aunque el abrumador trabajo que pesa sobre los órganos de nuestro sistema judicial y sus propias deficiencias estructurales puedan perdonar un poco a las personas que lo integran, esto no quiere decir que sean lícitos los retrasos judiciales indebidos, de ser así, estaríamos vulnerando el contenido del derecho fundamental del artículo 24.2 de nuestra constitución.

Comentar esta noticia

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Destacados