Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del 2.012

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de preparar la declaración del Impuesto sobre el Patrocinio de 2.012

patrimonio 2012

Entre las medidas fiscales que se aprobaron, en agosto y septiembre del ejercicio pasado, debemos destacar el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecimiento que es temporal, en principio, solo afecta a los ejercicio 2.011 y 2.012.

Ahora bien, el Impuesto sobre el Patrocinio NO se pagara en todas las Comunidades, pues el Estado ha cedido el IP a las comunidades autónomas, las cuales pueden asumir competencias normativas sobre el mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones de la cuota. Por ejemplo, las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Baleares bonifican el 100% de la cuota del impuesto, por lo que los residentes en dichas comunidades no tendrán que pagar ninguna cantidad, salvo en determinados supuestos.

El plazo de presentación del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) del año 2012 comienza el 24 de abril y finaliza el 1 de julio de 2013, ambos inclusive. No obstante, si el resultado de la declaración es a ingresar y su pago se domicilia en cuenta, la presentación no podrá realizarse después del 26 de junio de este año. Recordar que es obligatoria la presentación de la declaración a través de Internet. Los contribuyentes que presenten declaración por el IP también estarán obligados a utilizar la vía telemática para presentar la declaración del IRPF. En este caso, tienen que  confirmar o suscribir el borrador de la declaración del IRPF por Internet o por vía telefónica.

Como novedades importantes, este año se eleva el mínimo exento por vivienda habitual del contribuyente hasta 300.000 euros (que antes era de 150.253,03 euros). También se incrementa el importe del mínimo exento, hasta los 700.000 euros (en el ejercicio anterior era de 108.182,18 euros), salvo que las comunidades autónomas establezcan otro importe. Esta reducción también será aplicable a los sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal de contribuir y otras personas que tengan la obligación de contribuir.

Por otro lado, se mantienen las demás exenciones previstas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, como las aplicables a las empresas familiares.

Bienes y derechos exentos, la Ley establece diversas exenciones, entre las que destacan:

Quienes desarrollan actividades económicas de forma habitual, personal y directa, o a las participaciones en empresas familiares. Básicamente, esta exención exige que la actividad o la dirección o gestión de la empresa familiar supongan la principal fuente de ingresos del contribuyente. En este sentido, se entiende que la actividad empresarial o profesional constituye la principal fuente de renta cuando, al menos, el 50% del importe de la base imponible y del ahorro del IRPF del contribuyente proviene de rendimientos netos de las actividades empresariales o profesionales de que se trate. Para calcular la principal fuente de renta, no se computan las remuneraciones por las funciones de dirección que se ejerzan en las entidades de las que se posean participaciones exentas de este impuesto.

Además, cuando un mismo contribuyente ejerza dos o más actividades empresariales o profesionales de forma habitual, personal y directa, la exención alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a las mismas, considerándose que la principal fuente de renta viene determinada por el conjunto de los rendimientos empresariales o profesionales de todas ellas.

En el caso de participaciones en entidades, es necesario que la participación alcance al menos el 5% individualmente o el 20% en el grupo familiar, y que las entidades no se dediquen a la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

Otra exención importante y que ha cambiado, es la vivienda habitual, que ha pasado a los 300.000 euros frente a los 150.253,03 euros en el ejercicio anterior. De este modo, si un matrimonio ha comprado en gananciales una casa por 600.000 euros no tendrá que tributar por ella. Se deberá valorar por el mayor importe entre el precio de adquisición, el valor catastral o el valor comprobado por la Administración a otros efectos, y sobre ese valor se restará, en su caso, la deuda asignable a esa vivienda; sobre el valor neto resultante se aplica el límite exento.

Se considera vivienda habitual, a efectos fiscales, aquella en la que el contribuyente reside durante un plazo continuado de al menos tres años. También se entiende que la vivienda tuvo aquél carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como separación matrimonial, traslado laboral o la obtención de un primer empleo o de empleo más ventajoso, entre otras.

También quedan exentos los derechos consolidados del partícipe y los derechos económicos de los beneficiarios de planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones o seguros privados de dependencia; los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas, o los derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial (estos últimos, cuando no estén afectos a actividades económicas) que permanezcan en el patrimonio del autor.

– Deudas deducibles:

Son las cargas y gravámenes que disminuyen el valor de los bienes o derechos respectivos, así como las deudas y obligaciones personales de las que deba responder el contribuyente. Las deudas sólo serán deducibles cuando estén debidamente justificadas, sin que en ningún caso sean deducibles los intereses. Las deudas se valorarán por su nominal en la fecha del devengo del impuesto (31 de diciembre de 2012).

En cambio, NO se pueden deducir:

Las cantidades avaladas, hasta que el avalista esté obligado a pagar la deuda. En caso de obligación solidaria, las cantidades avaladas no podrán deducirse hasta que se ejercite el derecho contra el avalista.

La hipoteca que garantice el precio aplazado en la adquisición de un bien, sin perjuicio de que sí lo sea el precio aplazado o deuda garantizada.

Las cargas y gravámenes que correspondan a bienes exentos de este impuesto, ni las deudas contraídas para la adquisición de los mismos.

– Reducción por mínimo exento:

La base imponible se reducirá en el mínimo exento que haya sido aprobado por cada comunidad autónoma. En el caso de que ésta no hubiese aprobado el mínimo exento, la base imponible se reducirá en 700.000 euros.

 

 

 

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