Delito de estafa procesal

21 de noviembre, 2019
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El delito de estafa procesal se considera como un subtipo de estafa agravada castigado con pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.

Vamos a ver los requisitos del delito de estafa procesal.

El Tribunal Supremo recuerda la peculiaridad de la estafa procesal radica, en que el sujeto pasivo engañado es en realidad el titular del órgano jurisdiccional ( el JUEZ) a quién, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o a dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada.

EJEMPLO:

En un pleito se aportan unos documentos falsos para que el Juez dicte una sentencia favorable. El sujeto pasivo engañado es el Juez, aunque el perjudicado sea el otro litigante.

El resultado del delito de estafa procesal es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el Juez), con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado), diferenciación de sujetos que se reconoce expresamente compatible en la figura de la estafa del artículo 248.1 Código Penal, cuando se refiere al «perjuicio propio o ajeno».Delito de estafa procesal

El delito de estafa procesal es un subtipo agravado de estafa que viene previsto en el artículo 250.7 del Código Penal:

artículo 250.7 C. Penal:

«El delito de estafa será castigado con las PENAS DE PRISIÓN de UNO a SEIS AÑOS y MULTA de SEIS a DOCE MESES, cuando:

7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.»

 

La agravación de la conducta se justifica porque junto al daño en el patrimonio del particular, se une el atentado contra el Poder Judicial al que se utiliza como instrumento de ilícitas finalidades defraudatorias ( Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2003).

Dado que el delito de estafa procesal se encuentra incluido dentro de los delitos contra el Patrimonio y no dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, deben de concurrir los elementos típicos de la estafa con las especificidades propias de esta modalidad agravada, y así se señalan los siguientes:

1º) Ha de existir un ENGAÑO BASTANTE, requisito esencial que caracteriza a toda clase de estafa, que en estos casos ha de producirse en el seno de un procedimiento judicial;

2º) Tal engaño bastante ha de tener por finalidad PRODUCIR ERROR EN EL JUEZ o tribunal que ha de conocer del proceso;

3º) El autor de este delito ha de tener INTENCIÓN (en las estafas procesales propias) de que el órgano judicial que conoce del procedimiento dicte una determinada resolución (acto de disposición) favorable a sus intereses; y

4º) Tal intención ha de abarcar la PRODUCCIÓN DE UN PERJUICIO A UN TERCERO, perjuicio que obviamente ha de ser ilícito en correspondencia con el ánimo de lucro, también ilícito, que constituye el motor de toda esta conducta delictiva.

 

Delito de estafa procesal. Sentencias:

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 2ª), de 24.09.2019:

«… Además, la aportación de los documentos en los que figuraban unas transferencias que «aparentemente» se habían realizado a favor del hijo menor y que nunca llegaron a ingresar en la cuenta corriente de la actora, era medio hábil para lograr superar las funciones de control que corresponden al juez pues a través de ellas se pretendía acreditar el pago de las pensiones y con ello que se dejara sin efecto la ejecución y se procediera al alzamiento inmediato de las medidas y embargos trabados sobre los bienes del acusado, tal y como expresamente se solicitó en el escrito presentado por su letrado oponiéndose a la ejecución.

Por tanto no puede negarse a tales documentos aptitud para producir determinados efectos en el procedimiento en contra de los intereses de la actora. De hecho fueron admitidos por el Juez y unidos al procedimiento.

Y, como ya ha sido expresado, fue únicamente la acción de la actora poniendo en conocimiento del Juzgado que las transferencias documentadas no habían sido realizadas y la prueba propuesta por ésta y practicada por el órgano judicial civil, lo que determinó que el resultado no llegara a producirse, esto es que el Juez civil acordara en base a ellos la desposesión a la actora de un derecho de crédito declarado a su favor en sentencia firme dictada en un juicio contradictorio. 

Ello es lo que ha llevado a castigar el delito como intentado.

Concurren en consecuencia en el actuar del acusado todos los elementos constitutivos del delito por el que ha sido condenado (delito intentado de estafa agravada del art. 250.7º Código Penal a la pena de 6 meses de prisión y 3 meses de multa)…»

 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 2ª), de 11.05.2012

En la estafa procesal, el engaño presenta unas especiales características. El órgano jurisdiccional juega un papel de espectador o persona interpuesta que, en principio, ignora el propósito del actor.

Por otro lado, la parte afectada intentará demostrar, de igual manera, que lo pretendido no sólo es indebido, sino que se trata de una petición basada en hechos y datos falsos.

Sin entrar en su adecuado encaje sistemático en el contexto de los tipos penales y de los bienes jurídicos protegidos, lo cierto es que nuestro legislador, contempla esta figura entre las modalidades de estafa.

El Tribunal Supremo distingue entre estafa procesal, propia e impropia.

Se utiliza la denominación de ESTAFA PROCESAL PROPIA cuando el sujeto engañado es el juez. Los ardides, inexactitudes y falsedades, incorporados a los documentos en que se formula la demanda o denuncia están destinados, como es lógico, a defraudar a la parte afectada o lo que es lo mismo, a tratar de conseguir una sentencia injusta a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones. Si se dicta la resolución, el engañado realmente o el inducido a error, es el juez, ya que la parte perjudicada conoce la verdadera realidad y es consciente de la falsedad, pero no consigue desmontarla procesalmente, a pesar de sus alegaciones y protestas. En este supuesto se produce lo que se conoce doctrinalmente como estafa triangular en la que el juez ostenta la consideración de protagonista involuntario en virtud de la jurisdicción que ejerce.

La ESTAFA PROCESAL IMPROPIA, es aquella en la que se trata de inducir a error a la contraparte, llevándola a una vía procesal, en la que el juez se limita a examinar las alegaciones. El que resulta finalmente condenado es el que, en virtud de estas ocultaciones o engaños, se ve perjudicado en su patrimonio de manera efectiva.»

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 7ª) de fecha 11.10.2018:

«En el presente supuesto concurren todos los requisitos expuestos ya que el acusado, inicia, a través de su representación procesal un procedimiento civil en reclamación de la cantidad de 102.603 euros de los cuales 80.000 euros eran por el daño moral de haber sido engañado, aportando el falso documento aportado y consiguiendo así la incoación de un procedimiento e intentando, a través de engaño al juzgador obtener un beneficio patrimonial en perjuicio de los demandados entre los que estaba el recurrente sin perjuicio de que, el delito ha sido intentado, de conformidad con lo que establece el artículo 16 del C. Penal ya que el procedimiento se suspendió a resultas del presente procedimiento.»

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