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Deudas con Ayuntamientos en el plan de proveedores

Las Comunidades Autónomas tendrán que incluir sus deudas con Ayuntamientos en el plan de proveedores.

administraciones localesAsí lo ha solicitado el Gobierno a las Comunidades Autónomas a través del Secretario de Estado de Administraciones Públicas. El próxima plan de pago a los proveedores saldrá en pocos días en forma de Decreto-Ley e incluirá estas cantidades adeudadas por las Comunidades Autónomas.

La idea de esta inclusión es que las Comunidades Autónomas se pongan al día en sus pagos a los Ayuntamientos, ya que el Gobierno ha incidido que la primera fase de la reforma estructural de las administraciones locales pasa precisamente por recibir estos pagos y además, pasa por ser capaces de delimitar correctamente las competencias del Ente Local, evitando que exista injerencias entre las diferentes administraciones ya que, hasta ahora, existía una especie de idea general errónea en las administraciones locales de la competencia universal.

Asimismo se pretende que los gastos se ajusten siempre a los ingresos pagando por lo que se compra, en este sentido, no será posible gastar por encima de lo ingresado, a fin de evitar endeudamientos. De esta manera, elaborando junto con la ayuda estatal unos planes de viabilidad realistas, se podrán llevar a cabo correctamente los pagos a los proveedores, evitando como decimos, un exceso de endeudamiento. Con el nuevo Decreto-Ley que mencionamos al principio se sanearán todas las cantidades pendientes con los proveedores, por lo que ahora se debe trabajar para no volver a endeudarse en exceso.

El impacto económico de todas estas reformas se ha cifrado en unos 7.129 millones de euros. Otras medidas que se incluirán en orden a mejorar la eficacia de la administración es el avance en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el impulso del uso de la administración electrónica, o la simplificación y/o eliminación de trámites innecesarios. Las normas, aunque necesarias, deberán ser eficaces y proporcionales a fin de devolver la confianza a los ciudadanos y dar cuenta de los presupuestos de las administraciones.

El principio que sigue esta reforma es el de «una administración, una competencia», primando la austeridad y eliminando duplicidades para que las administraciones sean motores del crecimiento económico y no un lastre del mismo. Junto a todo esto, el Gobierno ha afirmado que las competencias en materia de sanidad y educación que aún pertenezcan a las administraciones locales pasarán a manos de las administraciones autonómicas, en un periodo máximo de cinco años, para eliminar ese gasto innecesario en lo competencial que dificultaba la viabilidad futura de algunos Ayuntamientos.

Añadiendo todo esto a la Ley de Transparencia, se podrá regular los sueldos de las corporaciones locales, permitiendo así alcanzar cambios demandados por los ciudadanos, como por ejemplo, reducir el número de ediles.

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