Deudor hipotecario situado en umbral de exclusión
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Deudor hipotecario situado en umbral de exclusión

Se amplía la protección del deudor hipotecario situado en umbral de exclusión que no puede hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda habitual.

Antes de ver qué características exige la Ley para considerar al deudor hipotecario situado en umbral de exclusión, recordemos algunas cuestiones sobre este tema:

1.- En el año 2012 se adoptaron una serie de medidas para hacer frente a la situación de vulnerabilidad que afectaba a numerosas familias españolas como consecuencia de la crisis económica y financiera.

Entre las medidas destinadas a la protección del deudor hipotecario que atravesaba situaciones de especial dificultad económica, se dictó el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, con el objeto de suspender los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

2.- Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectaba a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudicase al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, el real decreto-ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impedía que se procediera al lanzamiento que culminaría, en su caso, con el desalojo de las familias, siempre que estuviese el deudor hipotecario situado en el umbral de exclusión.

3.- Este real decreto-ley 27/2012 fue convalidado y tramitado como proyecto de ley, lo que dio lugar a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que mantenía la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encontraran en una situación de especial riesgo de exclusión.

4.- Próximo a finalizar el plazo de dos años fijado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y dado que muchas familias aún se encontraban en situación de vulnerabilidad, se consideró oportuno ampliar el plazo de suspensión de los lanzamientos tres años más, finalizando el 15.05.2017.

5.-  A tal efecto acaba de dictarse el Real Decreto Ley 5/2017, de 17 de marzo, que amplía el plazo por otros TRES AÑOS MÁS, y además AMPLÍA EL ÁMBITO DE APLICACIÓN de las medidas de protección de los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad.

ADVERTENCIA:

Se ha dictado el Real Decreto-Ley 6/2020 de 10 de marzo por el que se prorroga por CUATRO AÑOS más la suspensión de los desahucios hipotecarios. PARA LEER MÁS SOBRE ESTA NOTICIA pincha aquí.

DEUDOR HIPOTECARIO SITUADO EN UMBRAL DE EXCLUSIÓN

Tras el dictado de este reciente Real Decreto Ley 5/2017, los supuestos en los que se considera deudor hipotecario situado en umbral de exclusión quedan de la siguiente manera:

Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM 2017 ) anual de catorce pagas. A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

  • 1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
  • 2.º La unidad familiar monoparental con hijos a cargo.
  • 3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
  • 4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.
  • 5.º La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  • 6.º La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.
  • 7.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número.

c)  Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas en el segundo párrafo de la letra a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

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