En el debate sobre el estado de la nación, el Gobierno ha anunciado el endurecimiento de las penas para la corrupción en el Código Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La noticia del día de ayer en las redes sociales y la prensa en general, fue el debate del Estado de la Nación. Gobierno y oposición se cruzaron reproches, referencias al pasado y acusaciones de corrupción. En medio de esta vorágine bipartidista de ataque y defensa ha surgido una propuesta de endurecimiento de las penas para la corrupción y reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que por el hecho de venir de parte del Gobierno, podría hacerse realidad próximamente, aquí un extracto completo de la noticia:

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dedicado una amplia parte de su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación a abordar la corrupción política que azota a los partidos políticos y de manera particular al PP, que afronta una grave crisis por el ‘caso Bárcenas’.

Así, ha anunciado un abanico de reformas legales contra la corrupción que incluyen una inminente propuesta de ley orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos a fin que garantizar una estricta vigilancia de las cuentas de las formaciones políticas y su gestión.

Además, ha lanzado a todos los grupos parlamentarios la oferta de alcanzar juntos un gran pacto contra la corrupción y ha propuesto también incluir en la Ley de Transparencia a los partidos, las organizaciones empresariales y los sindicatos y, en general, a todas aquellas entidades que se financien fundamentalmente a través de fondos públicos.

Además, se reforzará el papel del Tribunal de Cuentas y se regularán los procedimientos de contratación de los partidos, fijándose reglas claras sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económica de los partidos políticos. Para ello, se llevará a una ley un doble control externo de sus funciones que incluirá la obligación de comparecer una vez al año ante el Parlamento para dar explicaciones de la gestión de los recursos.

A todo esto, el Gobierno sumará una propuesta de ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas, algo así, ha dicho el presidente, como «un verdadero Estatuto del cargo público» en el que se incluirán escalas de retribución, sistemas de protección social y niveles de compensación tras el cese. Rajoy quiere además que se establezca un procedimiento de comprobación, a través de una auditoría, de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato, para que se pueda detectar cualquier instrumento injustificado de patrimonio o rentas incompatibles con sus percepciones durante el tiempo en que han desempeñado cualquier cargo público.

Todas estas medidas y otras similares, ha advertido Rajoy, deberían extenderse también a diputados y senadores para lo que será necesario modificar el reglamento de ambas cámaras.

El presidente aboga igualmente por proceder a una reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para los delitos de corrupción y planteará una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea una forma de impunidad para el delincuente.

Fuente: www.elmundo.es/elmundo/2013/02/19