Extradición de personas condenadas en su ausencia

El Constitucional modifica su doctrina sobre extradición de personas  condenadas en su ausencia.

Extradición de personas condenadas en su ausencia

En su sentencia de 13 de febrero de 2014 el Tribunal Constitucional modifica su doctrina seguida hasta ahora sobre extradición de personas condenadas en su ausencia.

Os dejamos el texto íntegro de la noticia publicada por el economista.es

«El Tribunal Constitucional, reunido en Pleno, ha avalado, en su sentencia de 13 de febrero de 2014 (publicada hoy), la extradición de un ciudadano italiano a las autoridades de su país para que cumpla la condena que le fue impuesta en un juicio celebrado en su ausencia «sin condicionamiento alguno». De este modo, el Alto Tribunal español modifica su doctrina seguida hasta ahora según la cual, para extraditar a una persona condenada en su ausencia, debía verificar que las autoridades judiciales de su país le permitieran recurrir la condena, dando la razón a la Audiencia Nacional que entregó al recurrente a las autoridades de su país sin ninguna condición.

Dice el fallo, del que ha sido ponente la magistrada Roca Trías (que formula un voto particular) que «no vulnera el contenido absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución) la imposición de una condena sin la comparecencia del acusado y sin la posibilidad ulterior de subsanar su falta de presencia en el proceso penal seguido». Eso sí, siempre y cuando «la falta de comparecencia en el acto del juicio consta que ha sido decidida de forma voluntaria e inequívoca por un acusado debidamente emplazado y éste ha sido efectivamente defendido por letrado designado».

La sentencia del Alto Tribunal sale a la luz en pleno debate de la proposición de ley presentada por el Partido Popular en el Congreso con el objetivo de limitar las posibles actuaciones de los jueces y tribunales españoles fuera de nuestras fronteras. De salir adelante la propuesta, provocaría el archivo automático de causas como el asesinato del cámara José Couso en Irak o del presunto genocidio en el Tíbet por parte de exdirigentes del Partido Comunista Chino.

La estela de las sentencias europeas

El Constitucional llega a esta conclusión tras elevar por primera vez en su historia una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y es que, en su sentencia el Tribunal europeo aseguró que «no se produce una vulneración del derecho a un proceso equitativo, aun si el interesado no ha comparecido en el juicio, cuando haya sido informado de la fecha y del lugar del juicio o haya sido defendido por un letrado al que haya conferido mandato a ese efecto».

También recuerda el Constitucional la interpretación que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de los tratados y acuerdos internacionales que vinculan a España en materia de protección de derechos fundamentales y libertades públicas. En concreto, el Tribunal de Estrasburgo entendió, tal y como recuerda la sentencia española, que «no se infringe» el artículo 6 del Convenio (que reconoce el derecho a un proceso equitativo) «cuando el acusado, debidamente emplazado, decida libremente renunciar a su presencia en el juicio, y siempre que cuente durante el mismo con la asistencia de abogado para la defensa de sus intereses».

Da la razón a la Audiencia Nacional

Así, llevando esta doctrina al caso del ciudadano italiano, sostiene el Tribunal Constitucional que, según la documentación aportada por las autoridades italianas, no está acreditado que los abogados designados por el recurrente «hubieran dejado de representarle a partir de 2001». Además, «no se produjo falta de defensa, dado que el reclamado era conocedor de la futura celebración del juicio, situándose voluntariamente en rebeldía, y designó dos abogados de su confianza para su representación y defensa, los cuales intervinieron, en esa calidad, en la primera instancia, en la apelación y en la casación, agotando así las vías de recurso».

El Constitucional concluye que «la decisión de la Audiencia Nacional de entregar al recurrente a las autoridades italianas sin condicionamiento alguno no supone una vulneración indirecta del derecho a un proceso con todas las garantías,puesto que ha quedado acreditado que el acusado había sido defendido técnicamente y había renunciado voluntariamente a comparecer».

El fallo contiene tres votos particulares de la vicepresidenta, Asua Batarrita , y de los magistrados Ollero Tassara, y Roca Trías, esta última, ponente de la sentencia que, si bien discrepan de la fundamentación jurídica de la sentencia, comparten la conclusión a la que llega la sentencia.»

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