La carencia de información médica al paciente, ¿responsabilidad?

CUANTIFICACION DE LA INDEMNIZACION

inmaculada castillo

  Dijimos en el anterior artículo que para estar frente a un supuesto de responsabilidad civil médica, deberá existir entre el incumplimiento de la información y el daño que sufra el paciente, una relación de causalidad. Por tanto la relación de causalidad, es el nexo entre el incumplimiento del médico y el resultado dañoso al paciente.

 Esa desinformación del profesional de la medicina respecto del diagnóstico, naturaleza, alcance, riesgos y consecuencias de la intervención, que le ha privado al paciente de conocer exactamente y con detalle todas las peculiaridades importantes de la actuación médica que se le va a llevar a cabo, es la que incidirá de manera determinante en la responsabilidad del médico, pues al aparecer un resultado dañoso con motivo del tratamiento dispensado, el profesional asume todos los riesgos y por tanto es responsable de los daños que se produzcan.

 Esta respuesta indemnizatoria, también llamada resarcitoria, en la práctica judicial viene entendiéndose como la obligación que tiene todo profesional de resarcir al paciente íntegramente de todos los daños y consecuencias de una mala praxis, indemnizando la totalidad de la valoración dada a las lesiones sufridas, por lo que se indemnizará el cien por cien de las lesiones y secuelas producidas.

 Sin embargo existe otra corriente jurisprudencial, que considera que se debe reparar únicamente el daño moral derivado de la pérdida del derecho de elección, al que se la privado al enfermo al no facilitarle debidamente la información que requería para que en el uso de su derecho inalienable de libertad de decisión, optase por la solución que considerara mas conveniente, otorgando o no de esta manera el consentimiento.

 En esta última línea reparadora del daño por omisión o insuficiencia de información del riesgo, el Tribunal Supremo entiende que la indemnización que deberá abonarse al paciente, no tiene que coincidir necesariamente con la que correspondería al daño o lesión causado por la intervención, aminorando el importe sobre el valor de las lesiones sufridas, en un proporción que oscila entre un 20 y el 50% en atención a la entidad de las secuelas que puedan producirse, edad, parte del cuerpo afectado, etcétera.

 Dicho esto, quiero señalar que cuando los tribunales que están conociendo de un asunto de responsabilidad por falta o insuficiencia del consentimiento informado, se inclinan por la posición reparadora, se generan grandes incertidumbres en la cuantificación indemnizatoria, quedando el quantum indemnizatorio a discreción del juez de turno, que al no tener un sistema de baremación de daños médicos que aplicar, como existe por ejemplo en los casos de accidentes de tráfico, los criterios que esgrima para decidir sobre la cuantía de la indemnización provocarán irremediablemente un agravio comparativo en idénticos supuestos que se diluciden ante otro Tribunal, con la consiguiente discriminación e inseguridad jurídica.

Al hilo de lo anterior, en un asunto enjuiciado por el Tribunal Supremo, la sentencia dictada determinó en un caso en el que se reclamaban por el paciente, las cicatrices que le quedaron en el labio y en el mentón a raíz de habérsele practicado una intervención con la finalidad de hacer desaparecer unas pequeñas cicatrices puntiformes provenientes de una depilación eléctrica ocurrida hacía años, que al tratarse de un riesgo previsible, que, aunque muy improbable, excluía la responsabilidad en la práctica de la intervención, no excusaba del deber de información al paciente, a cuyo efecto el médico podía y debía haber hecho saber al enfermo la pequeña posibilidad de que ocurriera el suceso y su causa, para que aquel, dentro de su autonomía, asumiera voluntariamente el riesgo de las eventuales dificultades de cicatrización defectuosa.

En siguientes artículos, comentaré algunas otras sentencias de relevancia en este asunto tan apasionante y actual, así como comentaré las peculiaridades de los procedimientos cuando se demanden a hospitales o centro públicos en casos de responsabilidad de su personal sanitario.

Véanse otros artículos sobre este mismo tema

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