Delito de acoso

La inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable.

La inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable es considerada como una medida inconstitucional por el Consejo General de la Abogacía Española.

Actualmente el Gobierno está con la reforma del Código Penal, y una de las medidas aprobadas para introducir con la misma es la figura de la prisión permanente revisable. Pues bien, estos días se ha hecho eco nuevamente de la postura del Consejo General de la Abogacía Española al respecto y no es otra que mantener la INCONSTITUCIONALIDAD de esta figura.

Esta postura del Consejo General de la Abogacía tiene su fundamento en varios artículos de nuestra Constitución Española que consideran atacados con esa nueva medida propuesta. Hay que recordar que, y para abordar mejor el caso que nos ocupa, nuestra Constitución es una norma a la que todas las demás estatales no pueden contradecir, y por lo tanto las críticas del Consejo General de la Abogacía Española se basan en ese razonamiento. También se basan sus críticas, en que esta medida no puede adoptarse como consecuencia de los sucesos de extraordinaria gravedad que han venido ocurriendo estos meses en materia de terrorismo religioso, y que han despertado alarma social para una persona normal, y un excesivo deseo de recortar derechos de las personas por parte de la clase política.

¿Por qué se habla de la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable?

Por contradecir algunos artículos de la Constitución, como son el 10, 15 y 25. En tal sentido, una noticia al respecto es clara: “El artículo 25 es determinante al establecer que las pena privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social de los penados. Por tanto, toda pena que no cumpla este requisito atenta contra el artículo 15 de la Carta Magna, que repudia cualquier trato inhumano y degradante, y es contraria a la dignidad de la persona, de los derechos inviolables que le son inherentes, y el libre desarrollo de la personalidad, recogidos en el artículo 10 de la Constitución”. Dicho con otras palabras, una pena de prisión debe tener como objetivo reeducar y reinsertar a la persona en la sociedad, y una pena que no cumpla esos fines, es contraria a otros artículos de nuestra Constitución, que regulan el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, y el derecho que todos tenemos a la dignidad y el desarrollo de la personalidad.

Con independencia de esto, hay otras muchas modificaciones que se pretenden insertar a través de  esta reforma del Código Penal y que mantienen posturas divididas, en tanto que son muchos los sectores que consideran que esta nueva reforma limita derechos de los ciudadanos. Ejemplo de ello y uno de los cambios que se producirán si nada lo remedia, es la eliminación de las “faltas” del Código Penal, para ser controladas por los sistemas de sanciones administrativos y civiles.

¿Por qué nos perjudica ese cambio de las faltas?

Por un lado, nos perjudica en el abono de tasas judiciales. Es decir, con este nuevo cambio propuesto, deberemos abonar tasas judiciales cuando nos opongamos a una sanción que nos hayan impuesto. Por otra parte, con este cambio, al encargarse un órgano administrativo y no un juez de decidir sobre nuestro asunto, perdemos el derecho de tutela de tener un juez imparcial e independiente que decida sobre nuestra cuestión.

De cualquier forma, pronto veremos el texto definitivo ya que la reforma del Código Penal ya se encuentra en su recta final.

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