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La Junta expropiará viviendas para evitar desahucios

Polémica medida de la Junta de Andalucía que expropiará viviendas para evitar desahucios de sus inquilinos.

junta de andalucíaEste martes pasado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la expropiación forzosa temporal (por un plazo de tres años), de todas aquellas viviendas que se encuentre bajo inminencia de desahucio. El decreto, llamado Decreto para la función social de la vivienda, contempla la expropiación para casos de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física y psíquica de las personas (habría ahora que determinar cuándo se dan estos casos y bajo que circunstancias).

Se aprobará por la vía urgente en el Parlamento andaluz, introduciendo además medidas de incentivos para particulares, es decir, aquellos propietarios de viviendas que no las tengan alquiladas o que estén vacías, se les incentivará para su alquiler, al tiempo que se sancionará a bancos e inmobiliarias para forzarles a alquilar el stock de viviendas vacías en Andalucía.

Según cifras de la Junta de Andalucía, hay aproximadamente entre 700.000 y un millón de viviendas vacías en Andalucía. Si bien es cierto que existen muchas viviendas vacías y hay que darle una solución, se trata a todas luces de una medida un tanto precipitada, en tanto en cuánto podría estar extralimitándose en las competencias propias de la Comunidad Autónoma en esta materia, corriendo el riesgo de ser inconstitucional antes incluso de su nacimiento ya que el Gobierno central ya inició un proyecto de pacto para que se destinen al alquiler las vivienda en stock de la banca a los desahuciados desde 2008 e incluso, todos los desahucios para familias con riesgos de exclusión social desde noviembre de 2012 están paralizados hasta noviembre de 2014, por lo tanto, esta norma autónomica podría interferir con la normativa estatal, con lo que podría, como hemos indicado, ser declarada inconstitucional.

Otro problema que plantearía es que, debido a su brusquedad, puede generar una enorme inseguridad jurídica y comercial, dando la apariencia de ser una medida poco estudiada y meditada, es decir, elaborada sin pensar en las consecuencias, entre otras cosas, porque quizás sería más factible que la administración pública tuviera un stock propio de viviendas para el realojo de los desahuciados y como viviendas protegidas, que sean de carácter público, antes que expropiar inmuebles privados. Aparte de ser una injerencia en el libre mercado inmobiliario.

No obstante, resulta obvio que es necesario hacer algo con el stock de viviendas vacías que existen, no solo en Andalucía, sino también en el resto de España, aunque quizás sería más acertado una medida en la que, pagando un justiprecio, la administración pública se haga con parte de ese stock de viviendas, y las ponga a disposición de la población en régimen de alquiler social, vivienda protegida, realojo de desahuciados en riesgo de exclusión social, alojamiento de mujeres víctimas de violencia de género y otros posibles usos; medidas todas ellas que sin duda pondrían solución al drama de los desahucios, al menos en parte y solucionaría el problema del stock de viviendas vacías.

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