La segunda medida urgente para proteger a los deudores hipotecarios

La segunda medida urgente para proteger a los deudores hipotecarios

La segunda medida urgente del Gobierno para proteger a los deudores hipotecarios

Ante todos los acontecimientos que se están dando en relación a la cuestión de los desahucios, en  Mundojurídico para recordar la normativa que se fue aprobando a lo largo de todo el año 2012, y que a toda luz ha sido y es ineficaz para poder dar una solución a los problemas de ejecuciones hipotecarias y desahucios ( que como todos los medios apuntan van a continuar en este año 2013), en esta entrada resumimos la segunda medida que se adoptó por el Gobierno en el mes de Noviembre, y que  fue el  Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Básicamente, y después de 4 años, con una única intervención mediante el Código de buenas prácticas bancarias como primera medida, el Gobierno  aprobó este Real Decreto cuyo objeto fundamental consistía y consiste en la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.

Esta medida, que tiene un carácter excepcional y temporal, afecta a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual  impidiendo que se proceda al lanzamiento o desalojo de estas familias.

Para que esta suspensión de los lanzamientos que recoge el Real Decreto pueda operar, estas familias se tienen que  encontrar dentro de una situación de especial vulnerabilidad.

Los supuestos de especial vulnerabilidad son:

  •  Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
  •  Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
  •  Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
  •  Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
  •  Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  •  Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  •  Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

Además, para la aplicación de este Real Decreto, deberán darse también las circunstancias económicas siguientes:

  •  Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
  •  Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
  • Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  •  Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor hipotecario y concedido para la adquisición de la misma.

Se entiende que  se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.

Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

Igualmente en este Real Decreto, se encomendó al Gobierno que junto con la entidades bancarias se debía de crear un fondo social de viviendas (curiosamente propiedad de esas mismas entidades de crédito), destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que  hubieran o sean desalojadas de su vivienda habitual.

A fecha de hoy, esta medida junto con la anterior hecha en marzo de 2012, no han servido de mucho. Si bien, el duro problema social al que nos estamos enfrentado y  tras cuatro años, si ha conseguido que sean muchas las pesonas y colectivos que busquen soluciones a este problema, y en el que todos coinciden en que no habrá una solución real que no pase por  la modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil. Iremos viendo qué pasa con la admisión de la iniciativa legislativa popular por parte del Congreso presentada por la Plataforma de afectados por las hipotecas.

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