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Luz verde a la nueva Ley de Costas

Luz verde a la nueva Ley de Costas para la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral.

Ley de CostasEsta nueva Ley de Costas fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves 9 de mayo con el objetivo de proteger el medio ambiente de las costas españolas, diferenciando entre tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes, limitando en ellas tanto la ocupación, como las actividades y en todo caso, aumentando su protección. La idea también es la de dar mayor seguridad a los chiringuitos en cuanto a los plazos y condiciones de la concesión, pero también exigirles más en cuanto a la protección de las playas.

La reforma prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. También prohíbe cualquier incremento de lo ya edificado. De esta forma tenemos que las principales novedades introducidas por la nueva Ley de Costas son las siguientes:

Prohibición de nuevas edificaciones, se sigue sin poder edificar en la costa viviendas, reforzando los mecanismos preventivos con el objeto de evitarlas y prohibiendo también las obras que impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie

Exclusión de núcleos de población del Dominio Público Marítimo Terrestre. Lo que hace ahora la nueva Ley de Costas no es perdonas núcleos urbanos ya existentes, sino que directamente los excluye del ámbito del dominio público marítimo terrestre por ser innecesarios para la protección de la costa, algo que ya se preveía en la antigua Ley de 1988 mediante la desafectación. La razón es que los considera núcleos urbanos «antropizados», es decir, habitados y consolidados, desde antes de 1988. Afectan mayoritariamente a viviendas sencillas de barriadas populares, quedando fuera los hoteles o empresas.

Se mantiene a 100 metros la anchura de la servidumbre de protección. Tan solo se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, que ya estaba prevista en la Ley de 1988, salvo por una importante novedad: se prohíben expresamente nuevas edificaciones en éstas áreas. La reducción de esta servidumbre solo será aplicable a núcleos costeros que tuvieran carácter urbano antes de 1988 (según dictan los requisitos contenidos en la disposición transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado).

Exclusión de la Isla de Formentera. Esta isla, que tiene características geomorfológicas peculiares, es un caso distinto y por ello recibe diferente trato. Se modifica un deslinde, pero se garantiza el mantenimiento de la zona de servidumbre de protección, en la que se prohíbe edificaciones residenciales.

Urbanizaciones marítimo-terrestres. En este ámbito se busca una doble vertiente: por un lado, la defensa del dominio público marítimo terrestre, ya que los canales navegables son de dominio público; y por el otro, asegurar la propiedad privada de las viviendas, aportando así la seguridad jurídica que faltaba, supresión de la servidumbre de tránsito y estacionamientos privados, tanto individuales, como colectivos.

Cambio climático y regresión/erosión de la costa. La nueva Ley de Costas prevé mecanismos para luchar contra los efectos devastadores que el cambio climático causa en nuestras costas, se incluyen, entre otras medidas, algunas específicas para aquellos litorales en especial riesgo de regresión. También se prevé que cualquier proyecto de ocupación del dominio público lleve aparejada una evaluación prospectiva de sus posibles efectos sobre el cambio climático. Además, incorpora como causa de extinción de las concesiones, el supuesto de que las construcciones u obras estén en riesgo de ser alcanzadas por el mar.

Plazo de 75 años de concesión. Se mejora la situación de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial viviendas que la ley de 1988 expropió. La nueva Ley de Costas prorroga las concesiones a estos ciudadanos un máximo de 75 años.

Transmisión de concesiones. Toda transmisión ha de ser autorizada por el Estado que comprobará que el nuevo concesionario cumple todos los requisitos, tanto económicos, como de protección del dominio público marítimo terrestre.

Salinas y establecimiento de cultivos marinos. Lo que hace la nueva Ley de Costas es devolver la propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de 1988. Son consideradas actividades positivas cuya desaparición no ayudaría en nada a la protección del litoral.

Dominio público marítimo terrestre. No se ve reducido, tan solo se pretende evitar las ambigüedades en este sentido y las aplicaciones heterogéneas que se han llevado a cabo en los deslindes. Por eso la ley establece la obligación de establecer criterios técnicos para delimitar el alcance del dominio público marítimo terrestre.

Viviendas ilegales. La ley no contempla amnistía alguna, y mucho menos en relación a viviendas que por sentencia haya sido decretado su derribo.

Eventos en playas. La situación anterior era que determinados eventos tenían lugar en la playa sin autorización y con cierta permisividad. La nueva Ley de Costas regula esta situación entrando a establecer requisitos, límites y condiciones de los mismos, restringiéndolos a los tramos urbanos.

 

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