No cabe la moderación de la cláusula penal del contrato de arrendamiento

En la sentencia que vamos a comentar se declara que no cabe la moderación de la cláusula penal del contrato de arrendamiento denso distinto del de vivienda.

Antes de ver las razones por las que no cabe la moderación de la cláusula penal del contrato de arrendamiento, veamos el significado y finalidad de dicha cláusula contractual.

La cláusula penal que suele establecerse en los arrendamientos de local de negocio o como la Ley los llama “para uso distinto de de vivienda“, es un pacto mediante el cual se fija una indemnización para evitar que las partes incumplan sus obligaciones.

Francisco Sevilla Cáceres -Abogado-

Francisco Sevilla Cáceres -Abogado-

Lo habitual es que dicha cláusula se fije a favor del ARRENDADOR para evitar que el ARRENDATARIO incumpla las obligaciones del contrato, en especial la de evitar que incumpla la duración del contrato y se marche antes del tiempo convenido.

Se trata por tanto de una cláusula coercitiva, sancionadora o punitiva.

El amparo legal al establecimiento de la cláusula penal se encuentra en la libertad de pactos establecida en el artículo 1255 del Código Civil.

La Jurisprudencia ha establecido que cuando la cláusula penal está establecida para un determinado incumplimiento NO CABE LA MODERACIÓN del artículo 1154 del Código Civil.

 

SENTENCIA del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 3.04.2018. No cabe la moderación de la cláusula penal del contrato de arrendamiento

La cláusula penal pactada en el contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda era la siguiente:

La arrendataria se comprometía «a no rescindir unilateralmente los contratos por voluntad propia durante el plazo de diez años» y, en caso contrario, quedaba obligada «a indemnizar a la arrendadora por las rentas pendientes hasta cumplir dicho plazo».No cabe la moderación de la cláusula penal del contrato de arrendamiento

Según el Tribunal Supremo, con independencia de las imprecisiones terminológicas, se atribuyó a la arrendataria una facultad de desistimiento anticipado a cambio de pagar el importe equivalente a las rentas pendientes hasta cumplir el plazo de DIEZ AÑOS si ponía fin al contrato antes de ese momento.

La suma que debía pagar la arrendataria sería menor a medida que la extinción del contrato se produjera en fecha más próxima a los diez años y, pasado el plazo de los diez años, la arrendataria quedaba obligada a pagar por una sola vez el importe de una mensualidad.

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS MAS RELEVANTES:

1.-   La cuestión jurídica que se plantea en este recurso de casación es la de si, en atención a las circunstancias, procede el cumplimiento de lo pactado o si debe moderarse la cantidad que resulta de lo previsto en el contrato para el caso de que el arrendatario desistiera del mismo.

La sentencia recurrida de la Audiencia Provincial consideró procedente la moderación en atención a las siguientes consideraciones: que lo pactado fue una cláusula penal que establecía la obligación de «indemnizar» a cargo del arrendador si incumplía el plazo obligatorio y que el arrendador volvió a poner el local en alquiler, por lo que la falta de moderación daría lugar a un enriquecimiento injusto.

 

2.- En los arrendamientos de negocio rige la libertad de pactos ( art. 4.3 LAU y art. 1255 Código Civil), lo que incluye la libertad de introducir en el contrato un pacto por el que se atribuya a una de las partes la facultad de poner fin a la relación contractual, así como la posibilidad de pactar la cantidad que deberá pagarse por el ejercicio de esta facultad.

En el supuesto que da lugar al presente recurso, las partes ampliaron la duración del contrato inicialmente pactada de 25 a 30 años a partir de la modificación del contrato. Durante esos 30 años, la arrendadora quedaba comprometida a ceder el uso del local a la arrendataria, mientras que esta solo estaba obligada a mantener el contrato durante los 10 primeros años.

 

3.- A juicio del Tribunal Supremo no resulta irrazonable que en un contrato que tiene una duración de 30 años se garantice el pago de la renta durante los 10 primeros años y se exija a la arrendataria que quiere salir del contrato con anterioridad el pago de esa penalización.

 

4.- Visto el contenido de la cláusula penal pactada, la arrendataria puso fin al contrato cuando quedaban 3 AÑOS para el citado plazo de 10 y la arrendadora, de acuerdo con lo pactado, no pide la renta correspondiente a todos los años de cumplimiento del contrato (30 años), sino que lo que pide es el pago de las rentas correspondientes a esos TRES AÑOS que faltaba para completar los 10.

 

5.- El hecho de que se llegara a concertar un nuevo arrendamiento con una tercera persona después de la extinción del contrato y ANTES DE LOS DIEZ AÑOS no permite una moderación de la cuantía fijada en el contrato prevista, precisamente, para el desistimiento durante los diez primeros años de contrato ( art. 1154 Código Civil).

No cabe aplicar la doctrina del enriquecimiento injusto ya que esta se dirige a corregir adjudicaciones patrimoniales antijurídicas, y no puede apreciarse tal cosa por el cumplimiento de lo previsto libremente por las partes en un contrato que no ha sido invalidado y respecto del que la parte demandada, que invoca irregularidades en su otorgamiento, no ha ejercido acción específica alguna mediante reconvención.

Por lo dicho, la cantidad exigida según el contrato no carece de causa, lo que constituye uno de los presupuestos requeridos para la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto.

 

CONCLUSIÓN

En el presente caso y según el parecer del Tribunal no cabe la moderación de la cláusula penal del contrato de arrendamiento al haberse pactado una duración extensa y dicha cláusula no pide la renta de todos los años que faltan por cumplir sino que lo que se pide es la renta de los años (3 en concreto) que faltaban como periodo mínimo de duración en los que la arrendataria se obligaba a permanecer so pena de indemnizar con el pago de las rentas.

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