Nueva modificación de la Ley de Tasas

Una nueva modificación de la Ley de Tasas de Justicia garantiza la gratuidad de las inscripciones en el Registro Civil y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Ley de tasas judiciales

De esta forma se ha expresado el sindicato mayoritario de justicia en un comunicado tras reunirse, junto a otras plataformas, con el subsecretario de justicia, Juan Bravo. El Ministerio está ultimando el anteproyecto para traspasar la titularidad de los Registros Civiles a los registradores de la Propiedad Mercantil y de la Propiedad, con previsión de que puedan hacerse cargo de esta competencia en el periodo comprendido entre junio de 2014 y el 1 de enero de 2015.

Durante dicho encuentro, el subsecretario aseguró que los actos inscribibles obligatorios, como el nacimiento o la defunción, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos. Si esto se concretase, sería una nueva rectificación del Ministro Gallardón gracias a la presión ciudadana y de los colectivos que integran la Plataforma Justicia Para Todos.

CSI-F informa que ha obtenido un compromiso verbal de que este traspaso, de ninguna forma, supondrá una amortización de plazas, ni las cubiertas por personal interino, ni las del personal funcionario con plaza fija. En todo caso, según el Ministerio, se garantizará siempre el mantenimiento de las mismas procediendo a una reordenación de efectivos en la actividad jurisdiccional.

De la misma forma, se garantiza el empleo de los funcionarios destinados actualmente en la Dirección General de Registros y Notariado, reordenando su destino dentro de la Administración General del Estado. CSI-F además exige que este compromiso quede plasmado en la Mesa Sectorial con las diferentes organizaciones sindicales.

El sindicato ha asegurado que se mantendrá vigilante, no descartando ninguna movilización, hasta conocer los detalles del anteproyecto que prepara el Gobierno y ha valorado positivamente la modificación de la Ley de Tasas para reconocer a los funcionarios la exención del 60% en la segunda instancia, equiparándoles al resto de los trabajadores en el orden social.

Sin embargo, considera que esta modificación es aún insuficiente ya que las cuantías fijas que debe afrontar un empleado público son aún superiores (120 euros más en apelación y 180 más en casación) y tampoco se elimina la condena en costas (gastos de abogado y procurador para la parte contraria cuando pierde), siendo esto un claro elemento disuasorio a la hora de defender los derechos laborales por parte de los empleados públicos.

Por último, CSI-F ha aplaudido también que la futura Ley de Justicia Gratuita exima de las tasas a las organizaciones sindicales y órganos de representación en la defensa de los derechos laborales en lo Contencioso-Administrativo. El Ministerio ha trasladado a los sindicatos que los funcionarios volverán a recuperar su facultad de postulación para que puedan representarse a sí mismos sin abogado ni procurador.

 

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