Nulidad de la cláusula del IRPH según la Audiencia de Barcelona

No se declara la nulidad de la cláusula del IRPH según la Audiencia de Barcelona porque el índice de referencia no es una condición general de contratación.

Antes de examinar los criterios por lo que NO EXISTE NULIDAD de la cláusula del IRPH según la Audiencia de Barcelona (Sala 15ª), hemos de recordar algunas cuestiones:

1ª.- El IRPH es uno de los índices para calcular los intereses variables en los préstamos hipotecarios al igual que lo es también el euribor.

2ª.- El IRPH (Indice de Referencia de los Prétamos Hipotecarios) ha bajado menos que lo ha hecho el euribor, por lo que los consumidores cuyas hipotecas están sujetas a dicho índice se han visto menos beneficiados que los que tienen sus hipotecas sujetas al euribor.

3ª.- Esto ha provocado que se haya discutido en los Tribunales la nulidad del IRPH al considerar que los Bancos no informaron previamente al consumidor del funcionamiento de este índice y que por lo tanto aquellos no lo eligieron sino que les fue impuesto.Nulidad de la cláusula del IRPH según la Audiencia de Barcelona

4ª.- La nulidad del IRPH está pendiente de resolverse por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al presentarse varias cuestiones prejudiciales por varios Juzgados españoles.

 

Nulidad de la cláusula del IRPH según la Audiencia de Barcelona. RAZONAMIENTOS

Sentencia de la AP de Barcelona (sección 15ª) de fecha 6.05.2019:

– En un contrato de préstamo, el tipo de interés será el que libremente establezcan las partes. Aunque rija el principio de libertad de pactos, el legislador estableció la posibilidad de que el Ministerio de Economía, a través del Banco de España, publicara unos tipos oficiales de referencia para que las entidades bancarias pudieran aplicar a los préstamos a interés variable que suscribieran con sus clientes.

Por lo tanto, las partes pueden pactar libremente los intereses, pero si se remiten a estos tipos oficiales, su definición, su publicación y su control CORRESPONDE AL BANCO DE ESPAÑA. 

– La Circular 5/1994, de 22 de julio, del Banco de España a entidades de crédito, sobre modificación de la Circular 8/1990, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, modificada por la circular 7/1999, establecía  los índices oficiales, concretamente a su definición y fórmula de cálculo de cada uno de ellos.

PRIMERA CONCLUSIÓN:

Los índices de referencia referidos en esa Circular y en la normativa que la desarrolla NO DEBEN en modo alguno CONSIDERARSE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.

Son índices definidos y regulados por disposición legal y son las entidades financieras las que deciden incorporar uno de esos índices en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable que ofrecen a sus clientes.

Partiendo de la anterior afirmación, debe advertirse que las partes de un contrato de préstamo no definen el índice de referencia contractualmente, sino que lo que hacen es remitirse a uno de los índices oficiales regulados mediante disposiciones generales para este tipo de contratos.

Es a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A QUIEN CORRESPONDE CONTROLAR QUE ESOS ÍNDICES NO SEAN ABUSIVOS, lo que hace que ese control quede fuera de los Tribunales.

SEGUNDA CONCLUSIÓN:

No puede controlarse judicialmente el carácter abusivo de una condición general de la contratación cuando la misma responsa a una disposición administrativa supletoria, ya que en estos casos el control sobre el equilibrio entre las obligaciones y derechos viene garantizado por la intervención de la administración pública, siempre y cuando su contenido no haya sido modificado contractualmente.

Esta segunda conclusión nos permite afirmar que en el marco de una acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación no podemos entrar a valorar el modo en el que se ha fijado un tipo de referencia legalmente predeterminado, ni podemos analizar si ese índice puede ser manipulado por las entidades financieras, o si en la configuración del índice se han podido tener en cuenta elementos, datos o factores no adecuados.

Tampoco puede ponderar el grado de incidencia o influencia de las entidades financieras en la concreta determinación del índice. Todos estos factores los fiscalizan los órganos reguladores de la administración pública.

Estas consideraciones nos permiten desestimar todas las alegaciones o pretensiones que se refieran a la exigencia de realizar un control de abusividad, bien en su vertiente de control de incorporación, bien en su vertiente de control de contenido, bien en su vertiente de transparencia del tipo de referencia en sí mismo.

Ni la normativa española, ni la Directiva 93/13, ni la jurisprudencia que la desarrolla nos permiten realizar los controles de abusividad respecto de los tipos de referencia fijados por el regulador.

– Sentado lo anterior, debe definirse qué tipo de control pueden realizar los jueces civiles, en el marco de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), la Directiva 93/13 y la jurisprudencia de referencia.

El control debe limitarse o circunscribirse a la condición general por la que se incorpora a un contrato esa disposición o previsión legal.

En el pacto del contrato (escritura de préstamo hipotecario) analizado en nuestro caso, se establece que el tipo de interés pactado para remunerar el mismo será variable y se fija que el modo de determinar ese interés variables será del de aplicar uno de los tipos legales de referencia. La cláusula es CLARA, es PRECISA y permite al prestatario conocer, comprender y aceptar que la cuota o plazo de devolución de su hipoteca se hará a partir de un tipo de referencia fijado y controlado por el Banco de España.

Desde esa perspectiva la cláusula de referencia SUPERA EL CONTROL DE INCLUSIÓN Y EL CONTRO DE TRANSPARENCIA en toda su amplitud.

El control de transparencia NO OBLIGABA al prestamista (Banco) a explicar cómo se configuraba el tipo de referencia, cómo había evolucionado y cómo podría evolucionar en el futuro, ni tampoco obligaba al Banco a poner en relación el tipo de referencia elegido con otros tipos legalmente previstos. Y esto es así ya que el control de transparencia NO PUEDE ACEPTARSE en esos términos.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2017 resume el alcance y significado del control de transparencia referido a cláusulas que afectan a elementos esenciales del contrato.

TERCERA CONCLUSIÓN:

Por último añadir que para determinar si la cláusula que incorpora el índice de referencia adoptado supera el control de transparencia hay que preguntarse si el consumidor era consciente (había sido informado) de que esa cláusula configuraba un elementos esencial, la fórmula del interés variable, y la respuesta no puede ser otra que las de afirmar que el prestatario (consumidor) era consciente de que firmaba un préstamo a interés variable y que el interés variables se calculaba o definía a partir de un tipo de referencia.

El control de transparencia no puede ir en este caso mucho más allá.

 

RESUMEN:

No se declara la nulidad de la cláusula del IRPH según la Audiencia de Barcelona (Sección 15ª) porque el índice de referencia no es una condición general de contratación.

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