Pago de las costas de ejecución por el beneficiario de justicia gratuita

¿Procede el pago de las costas de ejecución por el beneficiario de justicia gratuita cuando tiene reconocido tal derecho en el juicio declarativo previo?

Antes de hablaros del pago de las costas de ejecución por el beneficiario de justicia gratuita, recordemos algunas cuestiones:

1ª.- Cuando una persona no tiene recursos económicos para interponer un procedimiento judicial o defenderse de un pleito que le han puesto puede solicitar que se le reconozca el beneficio de asistencia jurídica gratuita y que se le nombre un abogado de oficio.

Francisco Sevilla Cáceres -Abogado-

Francisco Sevilla Cáceres -Abogado-

2ª.- La Ley que regula la Asistencia Jurídica Gratuita es la Ley 1/1996, de 10 de enero (LAJG).

3ª.- El artículo 36.2 de la LAJG establece que si el beneficiario de justicia gratuita pierde el pleito y se le condena al pago de las costas, NO TENDRÁ la obligación de pagarlas si no viniere a mejor fortuna en el plazo de 3 años.

4ª.- Igualmente el artículo 7 de la LAJG establece que la asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, INCLUIDA LA EJECUCIÓN, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto.

 

Visto lo anterior pongamos un EJEMPLO para centrar el tema del que estamos hablando:

a)  Una empresa interpone una demanda de reclamación de cantidad contra Antonio.Pago de las costas de ejecución por el beneficiario de justicia gratuita

b)  Al demandado Antonio se le concede el beneficio de Justicia Gratuita y se le nombra un abogado y procurador de oficio que contestan la demanda.

c)  Terminado el pleito, el Juez estima la demanda de la empresa y condena a Antonio en la sentencia al pago de 5.000 euros y también lo condena al pago de las costas.

d)  La sentencia se declara firme.

e)  Antonio no paga la cantidad de los 5.000 euros y la empresa interpone una demanda de ejecución de sentencia.

f)  Antonio no se opone al despacho de ejecución y el procedimiento sigue adelante por la empresa en busca de bienes donde poder cobrar dicha cantidad. Finalmente le embargan un vehículo y Antonio con la ayuda de su familia paga la deuda.

 

LA PREGUNTA QUÉ HACEMOS ES:

¿ Tiene Antonio que abonar las costas del procedimiento de ejecución de sentencia si tenía reconocido el derecho de justicia gratuita en el pleito principal?

Esta cuestión ha sido tratada por la AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA que ha resuelto la cuestión estableciendo con el EJEMPLO que hemos puesto, que Antonio viene obligado al pago de las costas de ejecución aunque tuviera reconocido el derecho de justicia gratuita.

La razón que se esgrime es que el artículo 539.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que si no se abre un incidente de oposición, en cuyo caso habrá que estar a su resultado y por tanto de quien lo gana o pierde,  el resto de las costas de la ejecución serán a cargo del ejecutado, en el ejemplo a cargo de ANTONIO que no se opuso a la ejecución instada por la empresa.

El artículo 539.2 de la LEC sobre las costas y gastos de ejecución dispone:

“2. En las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les correspondan conforme a lo previsto en el artículo 241 de esta ley, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del Tribunal o, en su caso, del Letrado de la Administración de Justicia sobre las costas.

Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que se vayan produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya solicitado la actuación de que se trate.”

 

Pago de las costas de ejecución por el beneficiario de justicia gratuita. Auto de la AP Granada (Sección 5ª) de fecha 27.10.2017

1.-   El art. 6.3 de la LAJG, abarca a la “defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso”.

Siendo tal criterio, el de la “defensa” del beneficiario, el que subyace en el reconocimiento legal de la exención del pago de los gastos causados, tanto en su defensa como en la de la parte contraria, cuando resultara condenado en costas.

Tal y como, nuevamente, resulta de la propia redacción del citado art. 36.2 LAJG, según el cual, cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, “éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria”, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del art. 1967 del Código Civil.

En clara expresión de que es la oportunidad de la defensa, en todos aquellos trámites en que se considerase precisa, incluida la ejecución, lo que determina la exención aparejada al reconocimiento del beneficio de Justicia Gratuita.

2.- Expuesto lo cual, convenimos en que no existe obstáculo para reconocer la exención de pago de las costas en los casos de condena al beneficiario subsiguiente a su comparecencia en el procedimiento declarativo, pues dicha comparecencia, asistida de la preceptiva defensa y representación, se reputa de todo punto necesaria para el mantenimiento de su pretensión.

De la misma manera que LA EXENCIÓN DE PAGO DE LAS COSTAS SE EXTENDERÁ a las costas del incidente de oposición al despacho de la ejecución, así como a las de aquellos otros trámites para los que la LEC prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, conforme al art. 539.2 LEC; pues en tales casos también la preceptiva asistencia letrada se vincula a la necesidad de “defensa” del beneficiario.

NO OCURRIENDO LO MISMO con relación a las costas devengadas por la interposición de la demanda ejecutiva y por la intervención en los trámites de ejecución necesarios para la materialización del contenido del título; pues en tales casos el devengo de las costas se deriva directamente del incumplimiento del deudor, sin posibilidad de contradicción por su parte.

De este modo, vemos que el pago de las costas de la demanda ejecutiva, así como de los trámites de embargo y posterior apremio, en el caso de las obligaciones dinerarias, se contempla por el art. 539.2, párrafo segundo, de la LEC como una obligación de contenido objetivo sancionador derivado de la falta de pago.

3.- De todo lo cual, resulta la procedencia de desestimación del recurso, por no ser aplicable la exención de los arts. 7.1 y 36.2 de la LAJG a los conceptos concernidos por la tasación de costas practicada.

Ello, en los mismos términos en que se pronuncia la generalidad de las Audiencias Provinciales, tal y como recoge el AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, Secc. 8ª, de 15 de junio de 2017, según el cual:

“…, Mas una adecuada inteligencia de las normas y al enlazar el artículo 7 de la LAJG con el art. 539.2 de la LEC, se infiere que el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá disfrutar de los beneficios reconocidos en la ley también en el procedimiento de ejecución, por lo que concierne a los trámites e incidencias que se puedan dar durante la misma para dilucidar determinadas cuestiones que surjan entonces, pero ello no puede interpretarse extensivamente hasta el punto de eximir a la ejecutada de aquellos gastos ocasionados para dar cumplimiento por vía coercitiva a lo resuelto en sentencia firme, ante la pasividad de la parte condenada y al no realizar ésta voluntariamente las prestaciones que le fueron impuestas en resolución judicial firme. En este sentido el AAP Baleares (Secc. 5ª) de 13 de noviembre de 2003, AAP Asturias (Secc. 7ª) de 11 de marzo de 2002 y SAP Málaga (Secc. 4ª) de 4 de abril de 2003 con cita de la STS de 23 de noviembre de 1999 “.

 

CONCLUSIÓN: 

Aunque se tenga concedido el beneficio de justicia gratuita, su titular deberá pagar las costas devengadas por la interposición de la demanda ejecutiva y por la intervención en los trámites de ejecución necesarios para la materialización del contenido del título.

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