Repercusión al arrendatario de las obras impuestas por la Administración

Procede la repercusión al arrendatario de las obras impuestas por la Administración en los contratos posteriores a la Ley de Arrendamientos de 1964.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse a favor de la repercusión al arrendatario de las obras impuestas por la Administración (ya sea local , autonómica o estatal) en los contratos sujetos al Texto Refundido de la Ley de arrendamientos urbanos de 1964, que ha estado vigente hasta la actual Ley 29/1994, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 1995.

Por tanto con el comentario que vamos a efectuar de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 octubre de 2014, nos referimos a la posibilidad o no que tiene el arrendador de repercutir al arrendatario las obras que se realicen en la finca arrendada cuando son impuestas por la Administración (por ejemplo: el Ayuntamiento).

ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA:

–  El arrendador y el inquilino formalizaron un contrato de arrendamiento de vivienda en fecha 24 de agosto de 1968 (contrato sujeto a la Ley de Arrendamientos de 1964).

–  La propiedad se vio obligada por el Ayuntamiento su ciudad a realizar obras de rehabilitación de la finca acometiendo también y al margen de aquellas, obras de desatasco general del alcantarillado.

–  Por carta fechada el 29 de marzo de 2011, el arrendador notificó al inquilino la repercusión del importe de las obras, «a razón de 249,92 euros al mes en diez años por las obras ordenadas por el Ayuntamiento y de 75,12 euros en un solo mes por las obras de desatasco».Repercusión al arrendatario de las obras impuestas por la Administración

–  Por burofax de 31 de mayo de 2011, el inquilino se opuso a dicha repercusión.

– El arrendador, interpone un procedimiento de desahucio por falta de pago que gana en primera y segunda instancia.

– El inquilino recurre al Tribunal Supremo y alega que el arrendador no puede reclamar el importe de obras, cuando los contratos se formalizaran con posterioridad a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU 1964).

RESPUESTA DEL TRIBUNAL SUPREMO:

El Tribunal supremo recoge lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda apdo. 10.3, regla 1.ª, de la LAU 29/1994, que, igualmente, se aplica los locales, a tenor de la Disposición Transitoria Tercera, apdo. 9, que establece:

«CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD AL 9 de MAYO de 1985,…

       A) Régimen normativo aplicable.
1.  Los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados antes del 9 de mayo de 1985 que subsistan en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán rigiéndose por las normas relativas al contrato de inquilinato del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo las modificaciones contenidas en los apartados siguientes de esta disposición transitoria…
       C)  Otros derechos del arrendador.
10.  Para las anualidades del contrato que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley, el arrendador tendrá los siguientes derechos:…
10.3. Podrá repercutir en el arrendatario el importe de las obras de reparación necesarias para mantener la vivienda en estado de servir para el uso convenido, en los términos resultantes del artículo 108 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 o de acuerdo con las reglas siguientes:
1.ª. Que la reparación haya sido solicitada por el arrendatario o acordada por resolución judicial o ADMINISTRATIVA FIRME

          Interpretando la anterior norma, el TRIBUNAL SUPREMO, continúa diciendo:

       –  Esta Sala ya se pronunció en sentencia de 30 de octubre de 2013,  en el sentido de permitir la repercusión al arrendatario de las obras impuestas por la Administración, en interpretación de las norma transcrita, y ello aún cuando los contratos de arrendamiento fuesen posteriores a la LAU de 1964.
       –  No se infringía la doctrina jurisprudencial de esta Sala, dado que estamos, en su mayor parte, ante un supuesto de obras impuestas administrativamente que no es el caso de la analizada en sentencia de 21 de mayo de 2009 , pues la DT 2 ª establece la disyuntiva entre los casos del art. 108 de la LAU de 1964 y los casos de obras impuestas administrativamente, en cuyo supuesto sí son repercutibles las obras en los contratos de arrendamientos de viviendas concertados antes de 9 de mayo de 1985.
       –  En el caso de autos, es hecho probado que el arrendatario aceptó tácitamente la reclamación efectuada al no oponerse en el plazo legal (30 DIAS), como dispone el art. 101 de la LAU de 1964 , interpretado por sentencia de esta Sala de 18 de abril de 2013,  por lo que por este motivo, también es estimable la acción ejercitada y rechazable el recurso de casación.
       –  Por lo expuesto no concurre infracción de doctrina jurisprudencial, dado que repercutido al arrendatario el importe de obras, en su mayor parte, impuestas por la Administración, habiéndose aceptado tácitamente su importe por el inquilino y no habiendo sido abonadas las mismas, procede confirmar la estimación de la acción de desahucio, con RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

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