Suspensión cautelar de la ley andaluza antidesahucios

Suspensión cautelar de la ley andaluza antidesahucios

El Tribunal Constitucional ha acordado la suspensión cautelar de la ley andaluza antidesahucios.

Se ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central y con ello el  el Tribunal Constitucional ha acordado la suspensión cautelar de la ley andaluza antidesahucios.

El recurso del Gobierno Central se dirigía en concreto contra:

1.-El artículo 1 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a),

2.- Contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013.

Los apartados impugnados por el Ejecutivo central y que ahora son suspendidos son los relativos a la «declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social»; la «definición de viviendas deshabitadas» y la «clasificación de infracciones muy graves» para las entidades bancarias que no saquen estas viviendas al mercado del alquiler.

La ley andaluza antidesahucios fue aprobada el 1 de octubre y derogó el decreto ley sobre la misma materia que fue aprobado en el mes de abril y que también fue impugnado por el Gobierno. El recurso contra dicho decreto, que fue admitido a trámite el 11 de julio de 2013, está pendiente de resolución por el pleno del TC.

El gobierno entiende  que la Ley andaluza es inconstitucional, y los motivos alegados para impugnar la ley andaluza antidesahucios son:

1.-Que no puede integrarse el contenido esencial del derecho de propiedad privada desde las competencias sectoriales de vivienda y/o urbanismo, al menos cuando se esté afectando a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, por cuanto el artículo 149.1.1 de la Constitución Española reserva al Estado tal competencia, así como el 149.1.8 de la Constitución Española reserva al Estado la competencia en materia de legislación civil».

2.-Asimismo, cree que sería «inconstitucional» definir lo que debe entenderse por vivienda deshabitada, «articulándose un sistema de presunciones legales e indicios dotados de valor probatorio contrarios al principio de presunción de inocencia constitucionalmente recogido en el artículo 25 de la Constitución».

3.-La ley andaluza establece una serie de sanciones a los propietarios de viviendas vacías que no hayan alquilado, «sin que resulte acreditado que el propietario dispuso de condiciones y oferta mínimamente razonables para alquilar, cuando en nuestro ordenamiento no puede establecerse una responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad».

4.-Finalmente, mantiene que la norma autonómica establece una «discriminación arbitraria» entre los propietarios de viviendas incursas en procedimientos de desahucio, pues sólo expropia el derecho de uso de la vivienda por tres años a determinados propietarios, «vulnerando con ello el principio de igualdad y no discriminación» que también recoge la Carta Magna.

Fuente: Europa Press/Madrid 16.01.2014

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